El profesor de Economía de la Universidad del Pacífico y expresidente del CEPLAN considera que el 28 de julio se debe convocar a una comisión que llame a todas las fuerzas sociales, políticas y económicas, incluidos empresarios.

Fuente: La República

Para Alarco, el reto es formalizar la economía. Foto: difusión

Una reciente encuesta reveló que el 86% de la población desea cambios en el modelo económico. Al respecto, Germán Alarco detalla por qué es importante reformular la propuesta económica para el país, rescatando lo avanzado.

Un alto porcentaje de peruanos considera que debe haber cambios en el modelo económico. ¿Cuál es su lectura?

Que el 86% de la población desee cambios en la Constitución Política (CP) entre moderados y radicales significa que es innecesario que se convoque a un referéndum de acuerdo a las propuesta de Juntos por el Perú, Perú Libre y otros partidos políticos. La modificación de la CP es un acuerdo mayoritario, casi arrasador, y ante el cual el nuevo gobierno debe trabajar de manera inmediata. El 28 de julio debe convocarse a una comisión de alto nivel de expertos que llame a todas las fuerzas sociales, políticas y económicas, incluidos los empresarios.

Para usted ¿cuál es el saldo del modelo económico que se introdujo a través de la Constitución del 93?

Obviamente hay que rescatar el crecimiento económico y la mejora de las condiciones de vida de amplios segmentos de la población respecto de lo ocurrido en los años ochenta, pero no hay que olvidar sus severos problemas de un neoliberalismo en muchos casos rapaz, concentrador y altamente desigual y con amplios bolsones de marginación y pobreza. Sin embargo, la tarea es cómo seguir creciendo a partir de esta severa crisis sanitaria y económica con mucha mayor equidad, diversificación productiva, transición ecológica sin dejar a nadie atrás. Hay que construir hacia adelante.

¿Cómo mejorar?

Manteniendo lo positivo y corrigiendo lo que sea necesario. En lo instrumental, mantener la intangibilidad de los depósitos de ahorro y la libre tenencia de moneda extranjera, entre otras. En la Constitución Política hay que incorporar las funciones anticíclicas del MEF y en el caso del BCRP preocuparse no solo por la inflación sino por la desocupación y el desempleo como la Reserva Federal de EEUU, manteniendo su autonomía y la prohibición de financiar al gobierno.

¿Es viable hacer estos ajustes sin cambio de Constitución?

No, por el fraccionamiento de las fuerzas políticas. Es una tarea que debe ser liderada desde el Poder Ejecutivo a través de una comisión ad hoc, eso es lo práctico, y luego a partir de un referéndum y/o Congreso dependiendo de la correlación política. Asimismo, se debe entender que la Constitución Política no son las Tablas de la Ley. Los impactos de la actual pandemia sobre el modelo neoliberal a nivel global y más en el Perú obligan a una revisión integral de la misma, no parcial.

En el campo económico, ¿qué debe cambiar específicamente en la Constitución?

Se debe sustituir el principio de subsidiariedad del Estado por el de Estado solidario, cuya tarea sea fortalecer el tejido social, los derechos sociales, económicos y culturales de los ciudadanos y colectividades. Aquí se trataría de afianzar los derechos a la alimentación, salud, educación, vivienda, salario mínimo y pensiones, entre otros. También la posibilidad de una mayor participación del Estado asignándole un mayor rol al planeamiento estratégico, diversificación productiva y en ciencia, tecnología e innovación.

¿Esto pasaría por crear más empresas públicas?

No, hay que pensar en Joint Ventures en el caso de sectores estratégicos como el litio, uranio y metales raros; y que las empresas públicas cumplan con las reglas de Buen Gobierno Corporativo y de responsabilidad social empresarial. Es importante relievar los derechos humanos e impulsar las instancias locales en la negociación de controversias con el capital extranjero, como promueve UNCTAD.

¿Cómo atender los problemas que generan las concentraciones que afectan al consumidor?

Un tema importante a reforzar sería relievar la importancia de la libre competencia frente a la concentración económica. Asimismo, reorientar la prioridad de Indecopi y de los reguladores sectoriales hacia los usuarios y consumidores finales como en EEUU, no hacia el concesionario o prestador del servicio. En la misma dirección habría que incorporar la preocupación del Estado por la elevada desigualdad que afecta el crecimiento económico, la cohesión social y la estabilidad política.