Fuente: Andina Noticias

ANDINA/Norman Córdova

El analista político, Fernando Tuesta, consideró que insistir en poner restricciones o eliminar el mecanismo de la cuestión de confianza al que puede apelar el Ejecutivo, desequilibrará la relación entre dicho poder del Estado y el Congreso.

En ese sentido –en declaraciones a RPP- consideró que, de darse una situación como esta a través de una ley aprobada en el Parlamento, éste “va a someter al Presidente de la República”.

Si le quitas la cuestión de confianza, el desequilibrio será a favor del Parlamento y en contra del Ejecutivo”, consideró. 

En ese contexto, criticó también que se pretenda establecer que dicho mecanismo es “intercambiable” con el de la vacancia presidencial.

Tuesta consideró que, al hacer planteamientos de ese tipo, en el Congreso “se está pensando en la coyuntura” y no más allá de ella. 

“Hay que mirar las cosas de manera integral y eso es lo que no está haciendo el Parlamento, lo cual es un grave error”, aseveró.

Procedimientos a seguir

Por su parte, el ex oficial mayor del Congreso, César Delgado, señaló que la naturaleza del mecanismo de cuestión de confianza por parte del Ejecutivo demanda que sea planteada en base a políticas de gobierno. Ello se condice con un pronunciamiento hecho al respecto por el Tribunal Constitucional, anotó.

En entrevista con el programa ‘Andina al Día’, el especialista indicó que, en ese contexto, la anunciada presentación de una cuestión de confianza respecto al hoy exministro de Trabajo, Iber Maraví, tendría que haber versado sobre acciones propias de su sector, más no habría sido procedente plantearla respecto los cuestionamientos que se le hacían a su conducta personal.

Respecto a la insistencia de la Comisión de Constitución del Congreso sobre la ley que interpreta la aplicación del mencionado mecanismo –originalmente observada por el Ejecutivo-, indicó que ahora corresponde que esta sea aprobada en el pleno del Parlamento con el voto de, por lo menos, 66 legisladores.

“Una vez dado esto, lo que corresponde es que la presidencia del Parlamento promulgue la ley y que esta se publique”, señaló. Advirtió además que, de considerarlo conveniente, el Ejecutivo podría plantear una acción de inconstitucionalidad contra esta norma, ante el Tribunal Constitucional.