Los resultados abrumadores del plebiscito celebrado en Chile el pasado fin de semana abren la puerta a una nueva hoja de ruta donde el medio ambiente puede ocupar un lugar pertinente, tal y como pide la sociedad civil.

Fuente: Deutsche Welle 

Tras la aprobación, por cerca de un 80%, de la redacción de una nueva Carta Magna, Chile tiene la posibilidad de construir las bases de un nuevo futuro donde el medio ambiente puede ocupar un lugar relevante. “Hay oportunidades para que la nueva Constitución realmente considere criterios ecológicos porque ya hay muchos grupos trabajando, tanto desde la academia como de movimientos y ONG ambientales para perfilar los requisitos de una Constitución Ecológica”, apuntó a DW Ingrid Wehr, directora de la Fundación Heinrich Böll para el Cono Sur. 

El WWF Chile llevó a cabo un análisis de una treintena de constituciones en el mundo que integran el componente ambiental. “Una de las principales conclusiones que nos gustaría extrapolar al proceso constitucional chileno es la necesidad de que la Constitución contenga los siguientes ejes estructurales: el cuidado de la biodiversidad, el agua, el cambio climático y una gobernanza a nivel de territorios, manteniendo el ambiente libre de contaminación”, dijo a DW Ricardo Bosshard, Director de WWF Chile.

“Una nueva Constitución Ecológica es una urgencia para Chile hoy día”, agregó a DW Matías Asun, Director de Greenpeace en Chile, quien aseguró que “la recuperación del agua y garantizarla como derecho humano para las personas y los territorios es la principal demanda ambiental hoy”.

Una reivindicación histórica

“La Constitución debe garantizar el derecho humano al agua, en concordancia con lo establecido por la Organización de las Naciones Unidas en la Resolución 64/292 del 28 de julio de 2010, donde se establece lo esencial de este recurso, así como el acceso al saneamiento para la realización de todos los derechos humanos”, explicó el Director de WWF Chile, que abogó por el desarrollo de un “Código de Aguas que permita resolver los numerosos conflictos que han surgido en los últimos años a partir de su escasez y acaparamiento”.

Para el directivo de Greenpeace, la nueva Constitución puede dejar de permitir “que empresas puedan ser dueñas de ríos completos, mientras los ciudadanos ven desaparecer el agua de la superficie de la tierra que cultivan por el sobreotorgamiento de derechos subterráneos”.

En este contexto, otro factor agudiza dicha situación. “Esa agua es cada vez más escasa por efecto del cambio climático, por lo tanto es más atractivo para los dueños del agua hacer negocios con ella”, lamentó. Igualmente, “en un país en pleno proceso de desertificación, necesitamos proteger las cuencas hidrográficas de la sobreexplotación”, recalcó Wehr.

Los resultados de la votación mostraron una cruda realidad. “En las zonas contaminadas es donde más necesidad hay de cambios constitucionales y donde las votaciones fueron más altas,” dijo Asun.  “Ya no pueden esperar más reformas que nunca se realizaron, necesitan ese cambio estructural”, argumentó Wehr. 

Se tratan de diez comunas donde se concentran las cerca de 30 centrales termoeléctricas que existen en el país. “Saben muy bien el impacto nefasto del modelo extractivista existente”, opinó la analista alemana.

Aunque la Constitución de 1980 establece el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, “nuestras normas son las menos exigentes que se pueden encontrar en países con problemas ambientales como los que tenemos en Chile producto de las operaciones de carbón y minera”, lamentó Asun.

“El aire, el agua, los alimentos y el clima dependen de ecosistemas sanos, diversos e integrales” recordó Bosshard, quien abogó porque dicha Constitución esté alineada con otros instrumentos tales como leyes, reglamentos y tratados internacionales que “efectivamente permitan garantizar el desarrollo sostenible de los territorios”.

Además del papel de los territorios en la construcción de la nueva Constitución, los expertos consultados por DW coincidieron en la necesidad de incluir las voces de los pueblos originarios. “Las demandas de los pueblos originarios y de los movimientos ambientales coinciden en la necesidad del cuidado de los bienes comunes”, recordó Wehr, recalcando que “la lucha por la autonomía territorial incluye la demanda de poder cuidar los bienes naturales que se encuentran en territorios mapuches”.

Para Asun, además del pueblo mapuche, el nuevo tratado social debe incluir comunidades que “están viviendo en territorios que están intervenidos por ciertos proyectos”. “Deben ser integradas en igualdad de condiciones, de manera reparatoria, en el proceso constitucional que iniciamos; sin ello estaríamos faltando a la visión integral de la construcción de nuevos acuerdos sociales”, agregó. 

Así, algunos representantes de estas comunidades podrían ocupar uno de los 155 puestos de la Convención Constitucional que se encargará de redactar la nueva Constitución. Pero, aunque la elección será popular, se llevará a cabo “con el mismo sistema electoral que aplican para la elección de parlamentarios, que obliga a hacer listas, a inscribirse y a tener un mínimo de votos y pone muchas trabas”, lamentó Wehr, afirmando que ello disminuye la posibilidad de que dichos representantes sean elegidos.