El proyecto de protección forestal comunitaria se ha servido de alertas satelitales y de intervenciones con GPS para frenar las invasiones de actividades ilegales madereras, mineras o de narcotráfico en tierras de poblaciones ancestrales.

Fuente: El País

Unos 120 representantes indígenas de la Amazonía peruana, bautizados como monitores comunitarios y formados para interpretar las imágenes satélitales que mostraban áreas deforestadas, estuvieron durante años patrullando sus territorios para evitar la deforestación ilegal provocada principalmente por la extracción irregular de madera, la acción de los buscadores de oro o las plantaciones de cultivos ilícitos de coca para el narcotráfico.

“El uso de esta tecnología sirve para proteger el territorio y la cultura de nuestros pueblos”, explica Jorge Pérez Rubio, indígena del pueblo murui huitoto situado en la frontera de Perú con Colombia, y presidente de Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) que agrupa más de 500 comunidades ancestrales en la Amazonía peruana. “Muchos de nuestros hermanos han sido asesinados en los años precedentes por narcotraficantes y madereros ilegales. La protección de nuestros bosques es una tarea que compromete la vida misma”, añade.

La metodología de protección forestal comunitaria comenzó a ser implementada en algunas comunidades del norte de la selva amazónica peruana en 2016 por ORPIO y Rainforest Foundation US (RFUS). En 2018, un grupo de investigadores de las universidades de Nueva York y Johns Hopkins propusieron un proyecto colaborativo para testar la efectividad de esta metodología. La iniciativa fue desarrollada durante dos años con 76 comunidades del departamento de Loreto, al norte de Perú. A la mitad de ellas se les capacitó con teléfonos inteligentes, GPS y drones para realizar un seguimiento de las imágenes del satélite PeruSAT-1, disponibles en la plataforma pública Geobosques, y la otra mitad continuó vigilando sus tierras conforme a sus métodos tradicionales.

Los resultados muestran que las comunidades dotadas con estas nuevas tecnologías consiguieron disminuir la deforestación un 52% en 2018 y otro 20% en 2019, en comparación con la otra treintena de comunidades en las que no se implementó el monitoreo

Puesto que se trata de comunidades situadas en áreas remotas de la Amazonía sin acceso a internet, los monitores comunitarios se desplazaban al centro regional de datos de la ciudad de Iquitos para recopilar las alertas satelitales de deforestación y descargar los posicionamientos GPS en los celulares. Con esto, volvían a sus territorios y comenzaban los patrullajes en las zonas con indicios de invasión. Tras dos años de puesta en práctica, los resultados muestran que las comunidades dotadas con estas nuevas tecnologías consiguieron disminuir la deforestación un 52% en 2018 y otro 20% en 2019, en comparación con la otra treintena de comunidades en las que no se implementó el monitoreo satelital.

La actividad de control forestal indígena con acceso a las alertas tempranas satelitales y a nuevas tecnologías vigiló durante dos años un total de 250.000 hectáreas y salvó 456,3 hectáreas de bosque amazónico que estaban amenazadas. De acuerdo con el estudio publicado en la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), el pasado 12 de julio, esta experiencia demuestra que con recursos limitados y con la formación de las comunidades indígenas se puede luchar frontalmente contra la deforestación.

“La ventaja de esta metodología radica en el tiempo para actuar oportunamente, porque el territorio indígena es muy vasto”, afirma Pérez. Este líder indígena explica que para hacer un patrullaje tradicional se necesitan aproximadamente 15 días caminando para rastrear las fronteras y ver si ha producido alguna invasión. No obstante, con el sistema pueden reaccionar rápidamente e ir sobre el terreno con un GPS para confirmar si un área de selva estaba siendo destruida.

“Veíamos los puntos marcados donde había una deforestación, armábamos un patrullaje y podíamos llegar en un par de horas”, narra Pérez. Además, este sistema permite prepararse antes de llegar a las zonas invadidas ilegalmente para evitar enfrentamientos peligrosos o, cuando procede, avisar a las fuerzas públicas de seguridad. En los casos de las plantaciones de coca, la tecnología de alerta temprana permite a los indígenas llegar cuando los cultivos todavía son incipientes. “Para no exponer mucho nuestras vidas, a veces llegamos a un acuerdo, en algunos casos se les ha dado hasta un año para acabar el trabajo y marcharse, sobre todo cuando se trata lugares muy alejados donde no se puede pedir ayuda a la policía”, relata.

Conservar bosques tropicales para combatir la crisis climática mundial

El estudio del PNAS subraya que la participación comunitaria en la detección de la deforestación dentro de estas tierras es esencial ya que ellos son quienes mejor las conocen y recuerdan que la primera medida para preservar las selvas tropicales es reconocer los derechos de los pueblos indígenas al acceso y delimitación oficial de sus territorios.

Del total de áreas de Amazonía deforestadas entre 2000 y el 2015, un 17% ocurrió en áreas nacionales protegidas o en territorios inscritos como propiedad de pueblos indígenas

Del total de áreas de Amazonía deforestadas entre 2000 y el 2015, un 17% ocurrió en áreas nacionales protegidas o en territorios inscritos como propiedad de pueblos indígenas, mientras que el 83% se dio en las que no estaban protegidas ni por reservas ambientales ni por pueblos originarios. Los bosques amazónicos almacenan un total de 37.700 millones de toneladas de carbono, es decir, lo equivalente a 29 años de emisiones de vehículos de pasajeros de todo el mundo, según las cifras reveladas por el estudio. Este informe, realizado en Perú, se encuadra en un proyecto de investigación más amplio del PNAS que abarca otros cinco países, además de Perú: Brasil, China, Costa Rica, Liberia y Uganda.

“Cada hectárea de la Amazonía que se protege es un beneficio no solo para la comunidad sino para todo el mundo. Esto preserva la biodiversidad y disminuye el cambio climático con la captación de carbono”, explica Jacob Kopas, investigador y coautor de estos informes. Kopas subraya que la falta de financiación es uno de los principales desafíos para que este proyecto se consolide. El proyecto conjunto entre el PNAS, RFUS y ORPIO apunta que la mayoría de las iniciativas públicas de los gobiernos y de algunas ONGs llevan décadas invirtiendo en tecnologías de monitoreo forestal por satélite pero no incluyen a las comunidades locales en la lucha contra la deforestación. De acuerdo con la investigación, los representantes indígenas capacitados técnicamente se han mostrado eficaces tanto en la lectura de las informaciones satelitales como en la rápida contención de las invasiones, además de estar comprometidos personalmente con la conservación de los bosques que son su principal fuente de subsistencia.

Nuestros conocimientos milenarios junto con la ciencia nos pueden ayudar a vencer la crisis climática, la de alimentos y la de biodiversidad que estamos viviendo

JOSÉ GREGORIO DÍAZ MIRABAL, COORDINADOR DE COICA

“Queremos soluciones para los conflictos que nos afectan y queremos ser parte de las soluciones. Nuestros conocimientos milenarios junto con la ciencia nos pueden ayudar a vencer la crisis climática, la de alimentos y la de biodiversidad que estamos viviendo”, defiende José Gregorio Díaz Mirabal, coordinador general de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y miembro del pueblo indígena wakuenai kurripako. Mirabal apela para que los gobiernos y a los negociadores de la próxima Cumbre del Clima, COP-26, consideren los resultados exitosos de esta experiencia ya que el proyecto pretende continuar y extenderse por todos los territorios indígenas oficialmente demarcados en la Amazonía. De acuerdo con las estimaciones de RFUS, esta ampliación supondría instaurar un sistema de vigilancia en 64 millones de hectáreas y tendría un coste aproximado de 390 millones de dólares. La inversión podría evitar que 100 millones de tonelada métricas de dióxido de carbono se liberasen a la atmósfera, lo que reduciría en un 0,3% las actuales emisiones mundiales de CO², es decir el equivalente a sacar 21,4 millones de coches de circulación.

Según afirma Kopas, esta experiencia demuestra que “aún en las partes más remotas de la Amazonía es posible realizar estudios científicos junto con las comunidades indígenas y utilizar la mejor metodología posible para comprobar si las políticas ambientales y los programas de cambio climático sirven o no”. Asimismo, Mirabal añade que es necesario apoyar la iniciativas que implican a las comunidades locales puesto que “la Amazonía es un ser viviente que no tiene fronteras”.