Prácticamente ningún país de América Latina tiene una estrategia de vacunación efectiva para proteger a sus pueblos originarios. Tampoco han asignado un financiamiento considerable para hacerlo. Teniendo en cuenta las desventajas socioeconómicas en las que viven las comunidades indígenas desde hace muchos años, esta lentitud puede ser fatal.

Fuente: Salud con Lupa

A pesar de ser unos de los grupos más vulnerables ante la covid-19, los pueblos originarios no aparecen como una prioridad en la mayoría de los países de la región y, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), las medidas estatales de protección para estos grupos frente a la pandemia han sido insuficientes.

Hasta ahora, solo un puñado de gobiernos los han incluido en los grupos prioritarios para el proceso de vacunación. Brasil es uno de ellos, pero hasta el 16 de marzo solo la mitad de la población indígena había sido vacunada. En Paraguay también fueron incluidos como parte de la segunda fase de vacunación, sin embargo no ha podido consolidarse debido a que aún no ha logrado finalizar la primera etapa. En México, la vacunación avanza desde febrero en algunos grupos indígenas de Chihuahua, Oaxaca y Guanajuato, entre otros, pero otras comunidades han manifestado su rechazo a la vacuna por temor a que los dañen y por desconfianza al gobierno.

En Perú, el anuncio por parte del Ministerio de Salud es que la vacunación en indígenas de la selva iniciará “a finales de abril o principios de junio”. Mientras que, en otros países, como Venezuela y Bolivia, no ha habido anuncio alguno sobre cuándo se llevará a cabo. Prácticamente ningún país ha consolidado estrategias puntuales o asignado un financiamiento extra para mejorar las condiciones de vida de esta población, a pesar de que ha sido una de las recomendaciones por parte de Naciones Unidas.

“En los países de América del Sur no hay un programa específico para los pueblos indígenas, estamos excluidos de un programa económico, estamos excluidos de un programa de vacunación, estamos excluidos de un programa de educación propio para los pueblos”, dijo en un encuentro José Gregorio Díaz Mirabal, coordinador general de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA).

Esta incertidumbre y falta de apoyo articulan un escenario poco alentador para grupos que han vivido en desventaja mucho antes de que un virus desconocido les robara la calma. Un informe del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD) señala que esta población tiene 31,5% más de probabilidades de trabajar en la economía informal; del total de hogares indígenas, 43% es afectado por la pobreza extrema; y el salario de quienes tienen empleo remunerado se sitúa 31% por debajo del de las personas no indígenas.

Otros aspectos, que van más allá de lo meramente económico, acentúan su vulnerabilidad frente a la pandemia. Los altos niveles de desnutrición, el limitado acceso a la salud convencional, a la vivienda adecuada para evitar el hacinamiento, así como la falta de agua potable y saneamiento básico, son condiciones que facilitan la transmisión del virus y dificultan las medidas sanitarias más recomendadas en poblaciones urbanas, como el lavado de manos o la sana distancia.

De enfermar, la atención médica para los pueblos originarios tampoco está asegurada. “Si cuentan con un puesto de salud cercano, generalmente tiene poca capacidad de resolución, sin suficiente personal y sin equipos ni medicinas para enfermedades complejas, ni con pertinencia cultural”, dice el reporte del PNUD.

El mismo informe destaca los desafíos geográficos que dificultan el acceso a los servicios de salud. “En caso de requerir un hospital, los habitantes de las comunidades nativas amazónicas deben navegar por intrincados ríos de la selva, a veces durante varios días para poder llegar a una ciudad”. Los habitantes de la comarca Ngöbe-Buglë, en Panamá, por ejemplo, deben caminar entre 6 y 7 horas para llegar al Hospital de San Félix, “pero cuando al fin llegan se encuentran con que no hay personal médico, insumos ni materiales suficientes”.

Como consecuencia, para muchas de estas comunidades el impacto de la covid-19 ha sido devastador. De acuerdo con datos de la Red Eclesial Panamazónica, hasta el 29 de marzo sumaban más de 220,000 casos de infección y 55,593 decesos en los grupos indígenas de los nueve países que conforman la cuenca amazónica. Muchos de sus líderes han criticado a sus gobiernos de haberlos dejado en el olvido y los han culpado de tener políticas discriminatorias e inequitativas en la distribución de las vacunas.

En esas condiciones, queda clara la necesidad de políticas sanitarias interculturales que tomen en cuenta sus características, necesidades y fortalezas. Pero hacerlo también implica echarle un ojo a la ciencia: estudios inmunogenéticos, ensayos clínicos y análisis de comorbilidades, que puedan ayudar a comprender su grado vulnerabilidad y establecer estrategias de vacunación más eficaces.

¿Qué tan vulnerable es la población indígena a COVID-19?

Una forma de responder es explorando si estos estos grupos enferman y mueren en mayor proporción que la población no-indígena. Y aunque no hay muchos datos al respecto, hay algunos países que revelan números interesantes.

En Canadá, por ejemplo, la autoridad de salud reportó el 23 de marzo que la tasa de contagio entre los pueblos originarios que habitan en reservas era 187% más alto que el de la población canadiense general; y su tasa de mortalidad era 46% mayor. En Estados Unidos también hay artículos que muestran una diferencia: las personas indio americanas y las nativas de Alaska tienen el doble de posibilidad de morir de COVID-19 que los blancos no hispanos.

En Brasil, la Coalición de Grupos Indígenas (APIB) reportó que la tasa de mortalidad en estas comunidades es 16% más alta que la del resto de la población; mientras que en México, un artículo muestra que los grupos indígenas tienen una tasa de mortalidad 64.8% mayor que los no indígenas y que los indígenas que reciben tratamiento ambulatorio tiene 63% más posibilidades de morir que quienes no lo son.

A pesar de la evidencia estadística, sin análisis inmunogenéticos resulta difícil evaluar si ese mayor grado de vulnerabilidad se debe a factores genéticos o a condiciones socioambientales como la distancia respecto a los centros de salud, la falta de recursos sanitarios o sus usos y costumbres, que puedan propiciar mayor contacto social y, en consecuencia, más contagios.

El investigador Julio Granados, quien ha hecho diversos análisis inmunogenéticos en pueblos indígenas de México, considera que su diversidad genética los ha vuelto más resistentes al SARS-CoV-2. “Los grupos indígenas son menos vulnerables al covid-19 comparados con la población con menor diversidad genética, como la europea”, afirma.

Su explicación es que las variaciones genéticas que tiene la población indígena mexicana (y probablemente otras con características similares), herencia de ancestros que sobrevivieron a otras epidemias, activan una parte de su respuesta inmune (específicamente el sistema de antígenos leucocitarios humanos, HLA); esto disminuiría su probabilidad de desarrollar enfermedad grave respecto la población no indígena. Su artículo al respecto, sin embargo, aun está en proceso de publicación.

¿Tienen características fisiológicas que los pongan en mayor riesgo que el resto de la población?

Ninguna de las variables involucradas en la respuesta de una persona a la enfermedad puede mirarse de forma aislada. En el caso de los pueblos originarios, no solo hay variables económicas y sociales que impiden, por ejemplo, que accedan a servicios de salud de forma rápida y eficaz, sino también condiciones fisiológicas que merman la posibilidad de que sobrevivan a la enfermedad.

Se ha reportado, por ejemplo, que los pueblos originarios presentan una alta incidencia de infecciones respiratorias como la tuberculosis pulmonar o la bronquiectasia. Esa fue la razón, de hecho, de que durante la pandemia por H1N1 en 2009, hubiera un aumento en su tasa de mortalidad de 3 a 6 veces, respecto a la población no indígena.

También hay estudios que revelan una alta tasa de comorbilidades como la hipertensión, la diabetes y la obesidad debido, en buena medida, a factores como el sedentarismo y el cambio en su alimentación hacia el consumo de productos industrializados, que podrían aumentar su probabilidad de desarrollar enfermedad grave si llegaran a infectarse.

Por eso, diversas instituciones internacionales, como el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (FILAC), recomiendan incluir a los pueblos originarios como parte de los primeros grupos que reciban la vacuna.

¿Las vacunas son igual de seguras y eficaces en estos grupos que en el resto?

Aunque las vacunas protegen a cualquier persona, es difícil saber con certeza si el porcentaje de eficacia sería exactamente el mismo en las comunidades indígenas que en otros grupos de poblaciones. Para probarlo, se necesitan ensayos clínicos que incluyan una muestra representativa de la población en la que se aplicarán los fármacos, es decir, que incluya población indígena.

Pero hasta ahora prácticamente ningún ensayo clínico para probar las vacunas que ya se comercializan lo ha hecho. Ni siquiera en Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) obliga a las farmacéuticas a incluir a individuos de minorías étnicas o raciales en los ensayos clínicos de fase 3.

A finales de 2020, un grupo de investigadores de ese país publicó un artículo en el que criticaba esa falta de representatividad. “Los ensayos actuales deben inscribir sistemáticamente a personas negras, latinas e indígenas a niveles proporcionales a la población general como mínimo, e idealmente a niveles proporcionales a la prevalencia de la enfermedad. Si los ensayos de vacunas actuales y futuros no representan a estas poblaciones minoritarias, estaremos poniendo en peligro la seguridad de estas comunidades vulnerables y proporcionando una vacuna de seguridad y eficacia inciertas”, escribieron.

Mirna Cunningham, líder indígena y presidenta del Consejo Directivo del FILAC, puso el tema sobre la mesa en un reciente encuentro sobre mujeres indígenas y vacunación. “En cuanto al perfil de la seguridad de la vacuna, tenemos que tomar en cuenta a las personas indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial que tienen un sistema inmunológico muy diferente al resto”, dijo.

Estos grupos, que según datos de la PNUD representan más de 200 pueblos ubicados mayoritariamente en Brasil, Ecuador, Perú, Paraguay, son personas que no han tenido relaciones permanentes con las sociedades predominantes de la actualidad. Sin estudios clínicos que aborden sus características biológicas, no solo será difícil identificar los impactos de la enfermedad en su sistema inmune, sino también los mecanismos biológicos que podrían influir en la eficacia y la seguridad de la vacuna contra SARS-CoV-2.

¿Se pueden crear estrategias con base en sus características?

Sí. Por ejemplo, si hay evidencia de que un indígena que recibe tratamiento ambulatorio para covid-19 tiene más riesgo de morir que alguien que no es indígena, esa información puede servir para establecer políticas de atención más adecuadas.

“Una alternativa puede ser promover el manejo hospitalario entre las poblaciones indígenas. Esto puede reducir las disparidades sin aumentar la sobrecarga de los servicios sanitarios, dado el número relativamente pequeño de casos indígenas. Además, las autoridades sanitarias suelen aplicar protocolos de atención especiales para los pacientes indígenas a fin de reducir sus tasas de mortalidad”, explican los autores del estudio.

Las decisiones de qué vacuna aplicar en estos grupos también puede basarse en análisis previos de sus condiciones geográficas y socioambientales. “Sería mucho más recomendable aplicar la vacuna de Cansino en las comunidades indígenas de más difícil acceso, porque solo requiere una dosis y no necesita la cadena de frío como otras”, afirma Granados.

Pero hay otras medidas que pueden establecerse o replicarse tomando en cuenta sus propias acciones de soberanía y resistencia colectiva frente a la pandemia, como su estrategia de cierre de fronteras terrestres para reducir contagios, el uso de la medicina tradicional, el intercambio de alimentos y productos entre pueblos o la creciente labor de las parteras para atender a las mujeres que quieren evitar hospitales o centros de salud por miedo a contagiarse.

“No nos hemos quedado de manos cruzadas. Hemos trabajado utilizando los conocimientos ancestrales en temas de salud con plantas medicinales. Es por eso que todavía no ha habido un genocidio, un etnocidio, en la Amazonía Peruana”, afirma Lizardo Cauper Pezo, de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).

Las políticas públicas, en ese sentido, pueden ser mucho más eficaces para disminuir los impactos de la pandemia en los pueblos originarios si se reconocen y valoran sus propias fortalezas.