Miembro del Consejo Regional de Cusco que promovió la norma refirió que existen casos de hostigamiento, difamación y hasta de propuestas de naturaleza sexual, lo que impide labor política de mujeres.

Fuente: La República

Cusco. Luego de casi dos años, el Consejo Regional Cusco aprobó la ordenanza que previene y sanciona el acoso político contra las mujeres, manifestado en amenazas, intimidaciones, difamación, hostigamiento y hasta propuestas de naturaleza sexual, lo que muchas veces limita la participación política de la mujer. La norma fue aprobada por mayoría.

María Regina Becerra, representante de la provincia de La Convención y promotora de la norma, manifestó que anualmente son decenas de denuncias de actos contra la mujer en su labor y participación política. Muchas veces, las víctimas de estos casos prefieren mantenerse en el anonimato o simplemente no realizan denuncias.

“Ello también afecta a las mujeres que viven en zonas rurales, mujeres que deciden participar en los espacios de toma de decisión de su comunidad”, afirmó la legisladora regional.

Uno de los casos que se hizo público y sirvió como sustento para el planteamiento de la norma es el que en febrero del año pasado expusieron las regidoras Margarita Avilés Salas y Avelina Pareja Quispe de la Municipalidad Distrital de Santiago. Ellas denunciaron al alcalde de la comuna, Fermín García, por presuntos actos de hostigamiento para impedir su labor fiscalizadora. El Juzgado de Familia tuvo que exhortar a la autoridad edil a corregir su conducta.

“Desatar una corriente difamadora es la forma más usual de acoso político, y los más afectados son el entorno y la familia. También se manifiesta en el impedimento para que puedan realizar sus funciones”, agregó Becerra.

La promotora de la ordenanza informó que, en el caso del Gobierno Regional de Cusco, esta norma establece que el Legislativo es el encargado de realizar las investigaciones de las denuncias por acoso político de funcionarios o servidores públicos que laboren en la entidad. No obstante, también lo puede realizar el consejero regional de forma individual.

“Por otro lado, si un funcionario regional es responsable de acoso político, se tramitará su interpelación y recomendación de retiro de confianza. Y si el consejero regional es responsable será considerado acto de indisciplina o causal de suspensión, dependiendo de la gravedad del hecho”, explicó la consejera.

Una vez que la norma sea publicada por el Ejecutivo regional, será alcanzada a los Gobiernos locales para su implementación y cumplimiento.

Ámbito de aplicación:

Mujeres autoridades acreditadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), mujeres electas para el ejercicio de cargos políticos por elección popular, funcionarias que, por designación, desempeñan cargos políticos en funciones ejecutivas en los niveles regional o local.

Autoridades comunales, autoridades mujeres de los centros poblados, mujeres que desempeñan cargo político de representación en los niveles regionales o local, mujeres elegidas para el ejercicio de cargos directivos de las organizaciones políticas y militantes y candidatas a cargos políticos.

Representantes oficiales de organizaciones políticas, sindicales, organizaciones sociales de base, de colegios profesionales, de organizaciones estudiantiles o juveniles, de organizaciones indígenas, amazónicas y andinas, y de otras organizaciones sociales, sean o no personas jurídicas sin fines de lucro.