La Fiscalía de la Nación lo investiga preliminarmente por los hechos que condujeron a la muerte de dos jóvenes en medio de la represión policial durante las protestas. Desde el Congreso, se proyectan indagaciones en paralelo.

Fuente: Suscripción El Comercio

Manuel Merino de Lama aún no retoma sus labores en el Parlamento. Varios de sus colegas de Acción Popular han manifestado desconocer su estado o ubicación desde que dejó el Ejecutivo el domingo, luego de masivas protestas ciudadanas en contra de su Gobierno y la muerte de dos jóvenes en medio de la represión policial en Lima. Sin embargo, algunas situaciones se mantienen claras respecto de su figura.

La primera es que existe una investigación preliminar en su contra a nivel de la Fiscalía de la Nación. Así lo anunció el lunes la titular Zoraida Ávalos. Las indagaciones se extienden, además, al ex jefe del Gabinete Ántero Flores-Aráoz y al ex ministro del Interior, Gastón Rodríguez. Los presuntos delitos sobre los que parte el despacho son abuso de autoridad, homicidio doloso, lesiones graves y leves, y desaparición forzada. Ávalos precisó que esta apertura se da en el marco de violación de derechos humanos.

El Congreso tendría que evaluar y autorizar una eventual denuncia, de darse el caso

Cualquier avance de denuncia o proceso contra Merino dependería de la decisión del Congreso. Esto, porque, al tratarse de un alto funcionario, le corresponde pasar antes por un antejuicio político. Entonces, terminada la investigación preliminar y de hallársele indicios razonables de responsabilidad penal, la Fiscalía de la Nación tendría que presentar una solicitud al Legislativo para que este vote a favor de un eventual procedimiento.

Así lo especifica el artículo 99 de la Constitución, que faculta a la Comisión Permanente a plantear el antejuicio en el Pleno contra altos funcionarios por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de dejar sus cargos. Es decir, este trámite aplicaría de igual manera para Flores-Aráoz y Rodríguez si es que también se determina su participación. Adicionalmente, al congresista Merino le asiste otra protección: la inmunidad parlamentaria, prevista en el artículo 93, por lo que no se podría actuar a nivel judicial sin otro previo permiso del Parlamento.

La Comisión Permanente del Congreso tiene un órgano auxiliar para evaluar y admitir denuncias por infracción constitucional o delitos en funciones. Se trata de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

En diálogo con El Comercio, el congresista acciopopulista y actual presidente de la Subcomisión, Luis Roel Alva, señaló que su grupo actuaría en cuanto llegue alguna denuncia constitucional y precisó que, por el momento, no puede adelantar una opinión sobre el caso de Merino.

Afirmó que un planteamiento de este tipo sería evaluado conforme a las normas. “Si, en un caso, esta situación cumple con los requisitos de admisibilidad y procedencia, así será la propuesta que se haga. Pero hasta que no haya una denuncia constitucional, yo no puedo pronunciarme”, dijo el ahora también vicepresidente del Parlamento.

Roel recordó que, de acuerdo con el artículo 89 del Reglamento del Congreso, una denuncia constitucional contra un alto funcionario como Merino puede ser presentada a la Subcomisión por la fiscal de la Nación, algún otro congresista o cualquier ciudadano.

También en comunicación con este Diario, la parlamentaria Zenaida Solís, integrante de la bancada del Partido Morado, se refirió a la investigación iniciada por la fiscal de la Nación y sugirió que, una vez que se tengan los elementos, “en el Congreso, correspondería evaluar que la Comisión Permanente acuse ante el Pleno por infracción de la Constitución”. Esto, en referencia al artículo 99 de la Carta Magna.

Por ahora, la Fiscalía solo puede recoger indicios

La penalista Romy Chang Kcomt explicó a El Comercio que, de momento, las diligencias preliminares que realice la Fiscalía de la Nación, no pueden afectar directamente a Merino ni a los otros investigados.

”Se les tendría que levantar el antejuicio para recién aplicarles una medida efectiva o incluso citarlos. Por ahora, lo máximo que puede hacer la Fiscalía de la Nación es abrir investigación y diligencias preliminares. Pero, luego, para citarlos, para -de ser necesario- pedir impedimento de salida del país, para tomar cualquier otra medida, tiene que solicitar autorización al Congreso”, señala la abogada.

El también abogado penalista Augusto Linares Muñoz acotó que una investigación preliminar contra un congresista o reciente ex alto funcionario es siempre de carácter limitado.

“Solamente se va a buscar indicios de la presunta comisión de los delitos y la participación de cada investigado. Si la fiscal de la Nación llegara a encontrar, como producto de estas investigaciones preliminares, indicios concretos de responsabilidad, lo que tendría que hacer es trasladar un pedido al Congreso para que este autorice un antejuicio político y emita una acusación constitucional que retire esta inmunidad al funcionario”, indicó.

¿El Congreso presentaría denuncias constitucionales o lo investigarían en paralelo?

De momento, no se ha presentado alguna denuncia constitucional contra Merino ante la Subcomisión de Acusaciones. Sin embargo, ya existen anuncios de indagaciones paralelas a las que hace la Fiscalía. La nueva presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez (Frente Amplio) dijo en una entrevista para este Diario que sí debería crearse una comisión parlamentaria que investigue las presuntas responsabilidades de Merino en los hechos acaecidos el sábado pasado.

El congresista César Combina (Alianza para el Progreso) expresó en comunicación con El Comercio que su agrupación todavía no ha discutido la propuesta de denunciar constitucionalmente a Merino. “Hemos señalado que se evaluará dentro de la bancada. Aún no hemos tocado el tema para aprobarlo”, respondió.

Una agrupación que no presentaría un procedimiento parlamentario contra el legislador es Acción Popular. En entrevista con RPP, el vocero Otto Guibovich dudó sobre un debate interno con ese objetivo. Sin embargo, no descartó que, por mayoría, se imponga una decisión distinta. “No lo creo. He escuchado voces altisonantes de un miembro de APP [en referencia a Combina], pero será lo que la mayoría dicte”, declaró.

En tanto, la legisladora acciopopulista Leslye Lazo presentó el martes una solicitud para crear una comisión que, de manera amplia, indague sobre los hechos violentos durante las manifestaciones.

Una acusación constitucional impediría que reciba pensión de expresidente

De acuerdo con la Ley N° 26519, vigente desde 1995, todos los ex mandatarios de la República tienen derecho y acceso a una pensión “equivalente al total de los ingresos de un congresista en actividad”. Si falleciera, esta bonificación se entrega al cónyuge que le sobrevive o, de ser el caso, se reparte entre este último y los hijos menores de edad.

Esta norma no distingue que el beneficiario haya ocupado la presidencia por voto popular o sucesión. Tampoco establece distinciones por el tiempo de servicio. Martín Soto Florián, abogado, profesor PUCP y director del Grupo Valentín Paniagua, sostiene que una acusación constitucional validada por el Congreso bloquearía este beneficio para Merino. Esto, en referencia al artículo 2 de la norma.

“Una denuncia constitucional, que también la puede presentar cualquier ciudadano, podría suspender la pensión. La denuncia puede ser por la comisión de un delito o por infracción a la Constitución. Ese es un efecto. Entonces, es posible que una denuncia formal y admitida por el Congreso derive en esa suspensión”, explicó Soto a este Diario.

La gran pregunta: ¿Dónde está Manuel Merino?

Este jueves, el vocero de su bancada, Otto Guibovich, dijo en RPP que no ha podido comunicarse con él. “He tratado de comunicarme. Sé que otros ya lo han hecho. Pero entiendo también su situación. (…) El estrés debe ser muy grande para él. Él sigue siendo congresista y sigue siendo parte de la bancada. Espero que pueda liberarse del estrés emocional y pueda regresar [a sus labores]”, declaró el parlamentario.

Consultado por El Comercio, el también acciopopulista Luis Roel señaló que todas las respuestas las debe dar el mismo Merino: “Si ustedes quieren conversar con Manuel Merino, saber qué piensa o dónde está… Comuníquense con él. Yo no puedo abocarme a ello porque, hoy por hoy, tengo una agenda muy cargada y tengo que ver la gestión del Congreso de la República”.

La tarde del miércoles, en declaraciones fuera del Palacio Legislativo, Paul García, también de Acción Popular, respondió a Canal N que, por el momento, Merino no habría pedido licencia. Incluso, utilizó las cámaras para dirigirse a él: “Si me está viendo, esperamos una respuesta. La última vez que lo vi fue cuando juró [a la presidencia]”.

Merino no se ha presentado en la sede del Congreso ni tampoco ha participado en votaciones virtuales del Pleno, como las producidas entre el domingo y el lunes para elegir a una nueva Mesa Directiva. Además, cuando asumió la jefatura del Estado, dejó las comisiones de las que era integrante. Hasta el cierre de esta edición, intentamos contactarlo, pero no hubo respuesta.